La situación política y judicial en Argentina se encuentra nuevamente en el centro del debate público, tras la condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la Causa Vialidad. El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordena arresto domiciliario para la ex presidenta, ha generado una fuerte reacción del movimiento sindical argentino, en especial de aquellos gremios alineados con el kirchnerismo.
La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió días atrás un comunicado advirtiendo que “la democracia está en peligro”. En ese contexto, la cúpula de la central obrera se reunirá este martes a las 15 con autoridades del Partido Justicialista (PJ) para definir si se suma formalmente a la movilización prevista para este miércoles 18 de junio.
La marcha tiene como objetivo acompañar a Cristina Kirchner desde su domicilio en San José 1111 (Constitución) hasta los tribunales de Comodoro Py, donde se presentará ante la Justicia. En caso de confirmarse el beneficio de prisión domiciliaria, la manifestación también la escoltará de regreso a su hogar.
Gremios que ya confirmaron paros o adhesión:
- ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), bajo el liderazgo de Rodolfo Aguiar, fue el primero en declarar paro. Aguiar sostuvo que la Corte responde a “intereses económicos de minorías privilegiadas” y agregó que “tenemos que ir a la huelga y movilizarnos para frenar a una casta judicial que ha decidido terminar con la democracia”.
- CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores emitieron un comunicado conjunto confirmando un cese de actividades para participar activamente de la movilización.
- UOM (Unión Obrera Metalúrgica) aseguró que marchará con todas sus seccionales de la provincia de Buenos Aires.
- CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), encabezada por Juan Carlos Schmid, expresó su repudio al accionar judicial, aunque todavía no definió medidas de fuerza concretas.
Según Omar Plaini, secretario general de Canillitas y miembro de la conducción de CGT: “Estoy convencido de que la CGT va a convocar a movilizar”.
Por otro lado, la narrativa promovida por el PJ y los sindicatos cuestiona la legitimidad del accionar judicial, que consideran una herramienta de proscripción política.
