La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, ha presentado una denuncia penal ante la Justicia acusando a su antecesor, Germán Alfaro, y a funcionarios de su gestión por un presunto fraude financiero que ascendería a $500 millones. La acusación, formalizada por la Fiscalía municipal, señala maniobras financieras irregulares con fondos provinciales transferidos en 2020 que habrían sido depositados en una cuenta bancaria no registrada en los sistemas oficiales del municipio.
La denuncia, patrocinada por el abogado Alfredo Falú, se presentó en noviembre de 2024 ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Surgió a raíz de una notificación del Ministerio de Economía de la Provincia, a cargo de Daniel Abad, informando a la intendenta Chahla sobre una deuda de $500 millones de la Capital con la administración central. Según los registros provinciales, estos fondos fueron transferidos mediante dos decretos firmados por el entonces gobernador Juan Manzur en 2020.
Sin embargo, la revisión contable interna del municipio actual solo encontró registro de $250 millones, ingresados en dos transferencias de $125 millones cada una a una cuenta oficial. Esta inconsistencia llevó a una investigación administrativa que descubrió una segunda cuenta en el Banco Macro, a nombre de la Municipalidad pero nunca registrada formalmente, por donde habrían pasado los otros $250 millones no reintegrables.
Según el informe elevado por el fiscal municipal, Conrado Mosqueira, esta cuenta oculta recibió cuatro depósitos de $125 millones cada uno entre junio de 2020 y febrero de 2021. Su apertura fue solicitada directamente por el entonces intendente Alfaro, y los firmantes habilitados fueron los exsecretarios Luis Ocaranza (Gobierno) y Carlos Gómez (Economía y Hacienda). La cuenta fue cerrada en noviembre de 2024, tras haber sido “vaciada”, según consta en el escrito judicial.
El fiscal Mosqueira advirtió que “$500 millones, equivalentes a unos U$S 3,8 millones de la época, desaparecieron sin dejar rastro documental en las finanzas municipales”, ya que la cuenta nunca ingresó al sistema contable ni financiero del municipio. Además, remarcó que el préstamo no contaba con el aval del Concejo Deliberante, exigido por la normativa.
Este presunto fraude salió a la luz durante una reunión entre los gabinetes provincial y municipal, encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Chahla, donde se abordó el descuento automático de la coparticipación a la Capital por la deuda. El contador general Marcelo Albaca calificó el financiamiento como irregular y sin control legislativo ni del Tribunal de Cuentas.
Ante la aparente falta de avances en la investigación judicial, la Municipalidad evalúa constituirse como querellante para impulsar el proceso penal, que ya se encuentra en manos del fiscal regional Fernando Blanno. De confirmarse los hechos, este podría ser uno de los mayores casos de presunta malversación de fondos públicos en la historia reciente de la administración capitalina.
