La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ha informado un notable incremento en la recaudación del Tribunal de Faltas, que aumentó un 65,8% desde que se implementó su descentralización. Según el Ejecutivo capitalino, esta medida no solo generó un significativo aumento de ingresos, sino que también permitió agilizar trámites, reducir plazos y mejorar el control de los procesos administrativos.
El decreto N° 0099 fue el instrumento que dispuso el traslado de cinco jueces del Tribunal de Faltas a la Dirección de Tránsito y dos a Catastro, con el fin de atender los requerimientos específicos de esas áreas. Sin embargo, esta decisión generó resistencias internas. El presidente del Tribunal de Faltas, Gerardo Augusto Poliche, cuestionó la medida, presentando una denuncia ante el Concejo Deliberante y elevando un recurso de reconsideración ante la Intendencia, argumentando una supuesta violación de normas jurídicas.
No obstante, el municipio que encabeza la intendenta Rossana Chahla desestimó esos planteos, defendiendo la validez del decreto. La gestión municipal asegura que los resultados obtenidos son una clara muestra de la mejora en la eficiencia del Estado local. En el área de Catastro, por ejemplo, el tiempo promedio de resolución de causas se redujo drásticamente de seis meses a apenas 16 días, en parte gracias al uso del Sistema de Administración Electrónica (SAE) y a la presencia directa de jueces en las reparticiones.
Además, se registró un aumento del 40% en las notificaciones a infractores, realizadas con personal municipal y sin necesidad de contratar servicios externos. Esta estrategia, según la Intendencia, permitió no solo optimizar el seguimiento de expedientes, sino también reducir costos operativos. Otro avance destacado fue la aceleración en la revisión de causas con planes de pago pendientes, mediante un sistema de rotación que obliga a los jueces a cambiar de área cada seis meses.
Para el Ejecutivo municipal, estas acciones reflejan una gestión más dinámica, con un uso más eficiente de los recursos públicos y un fortalecimiento de la transparencia institucional.
En cuanto al conflicto legal, el rechazo al recurso presentado por el presidente del Tribunal de Faltas se fundamenta en la supuesta falta de personería de los recurrentes y la ausencia de fundamentos normativos válidos. La Municipalidad sostiene que su facultad para ordenar estas modificaciones está respaldada por la ordenanza N° 731/82 y otras disposiciones vigentes en el ámbito nacional, provincial y municipal. Con estos argumentos, la gestión de Rossana Chahla considera que la discusión está saldada y que los resultados obtenidos consolidan el rumbo adoptado.
