La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una acción de amparo sindical contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU 340/2025) firmado por Javier Milei, el cual amplía el listado de servicios esenciales y establece una prestación mínima de entre 50% y 75% en huelgas. Para la central obrera, esta medida vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Argumentos de la CGT
Según el escrito judicial, el decreto afecta directamente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y contradice normativas internacionales, entre ellas:
- Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- Convención Americana sobre Derechos Humanos
“La reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto. No se verifican los requisitos de necesidad y urgencia que exige la Constitución en su artículo 99 inciso 3”, afirmó la CGT en su presentación.
Medida cautelar para frenar el decreto
La CGT solicitó una medida cautelar de no innovar, buscando la suspensión de los artículos 2° y 3° del decreto hasta que la Justicia analice el fondo de la cuestión. Según la central sindical, la imposición de servicios esenciales en sectores como transporte, educación, telecomunicaciones e industrias representa un grave golpe a la libertad sindical y afecta la capacidad de acción de los gremios.