La denuncia por presunto fraude en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán involucra una diferencia de $500 millones en los registros contables, lo que ha generado un fuerte debate político y judicial.
El reclamo formal comenzó en agosto de 2024, cuando el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, envió un informe detallado a la intendenta Rossana Chahla sobre la deuda del Municipio. Según la Casa de Gobierno, la deuda ascendía a $500 millones, habilitados en 2020 mediante dos decretos de $250 millones cada uno (N°947/3 y N°1.798/3). Sin embargo, en la documentación oficial del Municipio, solo aparecía una deuda de $250 millones, lo que desató una profunda revisión contable.
La cuenta fantasma y los fondos no registrados
Los datos bancarios revelaron la existencia de una segunda cuenta a nombre de la Municipalidad pero no registrada oficialmente. Esta cuenta recibió los $500 millones faltantes, divididos en cuatro depósitos de $125 millones cada uno, y posteriormente fue cerrada sin documentación respaldatoria.
El entonces intendente Germán Alfaro, en su defensa, negó cualquier irregularidad y afirmó que se trata de una maniobra política para desviar la atención de la gestión de Chahla. Según su versión, es normal que una Municipalidad tenga más de una cuenta operativa.
La investigación judicial
El fiscal municipal Conrado Mosqueira impulsó la denuncia y solicitó al Banco Macro registros detallados de los movimientos de la cuenta no registrada. La denuncia sostiene que nunca se ingresó en los sistemas contables de la Municipalidad ni se respaldaron los créditos y débitos.
Uno de los puntos clave es que los fondos desaparecieron sin dejar rastros contables, lo que refuerza la hipótesis de un fraude a la administración pública.
