La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ha presentado una denuncia por presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos en diversos municipios del norte argentino. En Tucumán, las jurisdicciones afectadas incluyen Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá y San Isidro de Lules, mientras que los municipios catamarqueños investigados son Corral Quemado, Belén e Icaño, junto con San Carlos, en Salta.
Los fondos públicos extraídos en efectivo de aquellas Municipalidades mencionadas, a través de cheques y sin justificación, podrían haber sido destinados -al menos en parte- a campañas de las últimas elecciones provinciales y nacionales”, informó la Unidad de Información Financiera (UIF).
En el período que abarca desde enero de 2023 hasta junio de 2024, se registraron extracciones en efectivo que ascienden a $39.487 millones, según la denuncia presentada por el titular de la Procelac, Diego Velasco. Estos movimientos sospechosos, realizados a través de cheques sin la documentación que los respalde, podrían estar vinculados al financiamiento de campañas electorales, tanto provinciales como nacionales.
Detalles más destacados del caso:
- Banda del Río Salí: Extracciones por $17.256 millones entre enero de 2023 y junio de 2024. El exintendente, hoy ministro del Interior, Darío Monteros, justificó estas operaciones como pagos para personal no bancarizado. Sin embargo, la falta de trazabilidad y la magnitud de los movimientos levantaron sospechas. Un día en particular, el 10 de mayo de 2023, se realizaron extracciones consecutivas que totalizaron $340 millones.
- Famaillá: Operaciones por $11.449,6 millones. Se destacó un aumento del promedio de extracciones en los meses cercanos a las elecciones, alcanzando montos de hasta $123 millones por operación.
- Monteros: Extracciones acumuladas de $3.923 millones mediante 172 movimientos entre marzo y octubre de 2023. Estas transacciones carecían de documentación justificativa.
- San Isidro de Lules: Retirados $4.217,7 millones. Como en los otros casos, el destino de los fondos sigue siendo un misterio.
La Procelac propone medidas adicionales para robustecer las investigaciones, como el análisis de transacciones bancarias y donaciones recibidas por partidos políticos durante las campañas. Además, sugiere que se examinen las declaraciones patrimoniales de los funcionarios involucrados.
