El Gobierno nacional, bajo la conducción del presidente Javier Milei, oficializó la profunda reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) mediante el Decreto 383/2025, firmado también por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La medida deroga el antiguo decreto-ley de 1958 y establece un nuevo estatuto institucional, marcando un antes y un después en el accionar de la fuerza de seguridad.
Esta transformación busca una fuerza ágil, inteligente y profesional
expresó Bullrich, alineando el nuevo modelo con estándares del FBI estadounidense
Cambios estructurales y nueva misión
La Policía Federal dejará de actuar en seguridad urbana dentro de CABA, orientando sus esfuerzos exclusivamente a la investigación de delitos federales y complejos, entre ellos:
- Crimen organizado
- Narcotráfico
- Delitos informáticos y ciberdelitos
Esta modificación continúa una tendencia iniciada en 2016, cuando progresivamente se transfirieron funciones de control urbano a la policía porteña.
Modernización y reorganización interna
La nueva estructura operativa se centra en dos departamentos clave:
- Departamento Federal de Investigaciones (DFI)
- Departamento Federal de Coordinación (DFC)
Ambos contarán con superintendencias y direcciones generales especializadas en inteligencia criminal, análisis forense, cooperación internacional y asuntos internos, entre otros.
Además, se limitará el ingreso de nuevos suboficiales con un cupo anual decreciente, lo cual generará ahorro presupuestario destinado a la modernización tecnológica y adquisición de equipamiento.
Facultades ampliadas: ¿avance o retroceso?
Uno de los aspectos más discutidos de la reforma es la ampliación de facultades sin orden judicial en casos específicos:
- Detenciones sin orden judicial, ante sospechas fundadas y si la persona no acredita identidad. El plazo máximo es de 10 horas, con obligación de notificar al juez y permitir el contacto inmediato con un familiar.
- Requisas personales sin autorización judicial, en escenarios como riesgo de desaparición de pruebas, vía pública o situaciones legales especiales.
- Ciberpatrullaje sin orden previa, en redes sociales, sitios públicos u otras fuentes digitales. La normativa exige respeto a la privacidad, libertad de expresión y protección de datos personales.
Nuevas funciones estratégicas
La PFA también tendrá responsabilidades en:
- Inteligencia criminal
- Análisis de políticas de seguridad
- Relación con organizaciones civiles
- Acceso a bases de datos públicas y privadas (respetando la ley de protección de datos)
Se habilita al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado y reorganizar escalafones internos para dotar de mayor flexibilidad operativa a la nueva estructura.
