La justicia de Tucumán ha rechazado nuevamente la solicitud de arresto domiciliario para Marcos Luciano Bolla, de 37 años, acusado de usurpar terrenos fiscales en el “Loteo Gaucho Castro”, dentro de la reserva natural de La Angostura, en la villa turística de El Mollar. Bolla, señalado además por incumplir una orden judicial que prohibía construir en la zona, seguirá detenido bajo prisión preventiva, aunque con controles médicos para garantizar su salud.
El proceso judicial contra Bolla se enmarca en una investigación más amplia sobre la toma y venta ilegal de tierras públicas pertenecientes al Superior Gobierno de la Provincia. Según la acusación del fiscal Carlos Rodríguez, del Centro Judicial Monteros, Bolla construyó un inmueble en terrenos protegidos y, junto con los albañiles Gustavo Emanuel (38) y Luis Francisco Soria (65), desobedeció una orden de la magistrada María Felicitas Masaguer para preservar el medio ambiente en el área de la reserva.
El juez Marcos Núñez Campero dictó la prisión preventiva de Bolla por dos meses y de Soria por 30 días. Aunque los albañiles recuperaron su libertad tras un recurso aceptado por el juez Paul Hofer, el pedido de Bolla fue rechazado debido a la gravedad de los cargos. Este sábado 18 de enero, el defensor de Bolla, Carlos Correa, presentó un pedido para que su cliente pudiera cumplir la prisión preventiva en su domicilio, argumentando motivos médicos.
Según Correa, Bolla, quien recientemente se sometió a una cirugía bariátrica, necesita cuidados especiales en su dieta y condiciones de salubridad para evitar descompensaciones. De hecho, informó que el imputado sufrió un episodio de hipertensión severa días atrás, lo que refuerza la necesidad de un ambiente controlado. A pesar de que el abogado de la Fiscalía de Estado, José María Molina, reconoció la importancia de preservar la salud de Bolla, aclaró que las garantías médicas pueden ser proporcionadas dentro de las instalaciones penitenciarias, ya sea en Concepción o en Benjamín Paz, a donde se prevé trasladarlo en los próximos días.
El juez Matías Graña rechazó el pedido de arresto domiciliario, pero dispuso que Bolla reciba controles médicos regulares y que sea alojado en un lugar que garantice condiciones dignas de salubridad, alimentación y seguridad. Esta medida busca equilibrar las necesidades de salud del imputado con la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la prisión preventiva.
El caso Bolla se ha convertido en un símbolo de los conflictos legales y medioambientales que enfrenta El Mollar, una zona turística de gran valor natural que ha sido amenazada por la ocupación y construcción ilegal de terrenos. La negativa al cese de la prisión preventiva refleja la firmeza de la justicia tucumana frente a estas prácticas, al tiempo que pone en debate la importancia de preservar los derechos humanos y las garantías médicas de los procesados.
Con el traslado de Bolla a una unidad penitenciaria y el avance del proceso judicial, se espera que el caso arroje luz sobre el manejo de las tierras fiscales y las medidas necesarias para proteger las áreas naturales de la provincia.
