El caso de las ventas ilegales de terrenos en la Reserva Natural La Angostura, en El Mollar, sigue sumando implicados. En las últimas horas, varios compradores señalaron a un exfuncionario de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat como posible colaborador en la maniobra encabezada por Juan Pablo Castro, el principal acusado.
Según las declaraciones, el exfuncionario habría gestionado irregularmente servicios esenciales como energía eléctrica y agua potable para el polémico loteo conocido como “Gaucho Castro”. La causa se desató a fines de octubre, cuando empleados del Estado detectaron la ocupación de tierras protegidas en la zona de La Angostura. Tras el descubrimiento, la fiscal de Estado Gilda Pedicone solicitó una medida de no innovar para frenar construcciones, ventas y ocupaciones en el perilago. A partir de entonces, las investigaciones comenzaron a destapar una red que podría implicar a exfuncionarios y actores locales en un esquema de ventas fraudulentas.
Uno de los puntos de inflexión fue la detención de Marcos Bolla, un comprador que, pese a la medida judicial, fue encontrado realizando obras en el terreno que había adquirido. Su arresto llevó a otros compradores a presentar documentos que, según ellos, respaldaban la legalidad de las transacciones. Sin embargo, los fiscales determinaron que los papeles no acreditaban la titularidad de Castro sobre las tierras. El fiscal Miguel Varela, a cargo de la investigación, ya acusó a Juan Pablo Castro, de 85 años, de usurpación y estafas reiteradas. Además, las recientes declaraciones de tres compradores apuntan al papel del exfuncionario, cuyo nombre no ha sido divulgado.
Según los testimonios, este habría sido clave en la obtención de servicios esenciales para el loteo y tendría vínculos con Jorge Cruz, comisionado comunal de El Mollar. Cruz firmó la factibilidad del servicio de agua potable tres años después de iniciada la comercialización, violando normativas que exigen la documentación previa a la aprobación de proyectos inmobiliarios.
“Estamos analizando los pasos a seguir y recolectando nuevas pruebas. Todo parece indicar que Castro no actuó solo y que recibió ayuda de varias personas, incluidas algunas vinculadas al Estado”, señaló Varela. En un operativo de seguridad, el fiscal recorrió los terrenos de la reserva junto a peritos, donde constató que existen 14 viviendas, la mayoría utilizadas como residencias de veraneo. Solo dos de ellas son habitadas permanentemente. Durante la inspección, se tomaron fotografías y se realizaron peritajes específicos, destacando una construcción que bloquea un canal natural que desemboca en el lago. Varela también dialogó con los compradores, explicándoles que la Justicia sospecha que fueron víctimas de una estafa. Pese a ello, los adquirentes insisten en que actuaron de buena fe y que Castro aún podría demostrar la titularidad de las tierras, según les habría asegurado una escribana que participó en la firma de los boletos de compraventa.
Aunque la audiencia contra Castro estaba programada para esta semana, la aparición de nuevas pruebas y la demora en la entrega de documentos que acreditan la titularidad provincial sobre la reserva han pospuesto el debate. Se espera que en los próximos días el fiscal formalice las acusaciones no solo contra Castro, sino también contra otros posibles implicados. El caso expone un entramado de irregularidades que no solo afectan al medio ambiente, sino también a la confianza de los compradores y a la credibilidad de instituciones públicas. Mientras tanto, la Justicia sigue desentrañando una trama que podría involucrar a más personas en lo que podría convertirse en un escándalo mayor.
