La polémica en torno al futuro judicial de Cristina Fernández de Kirchner volvió a tomar protagonismo tras el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta decisión está relacionada con la conocida Causa Vialidad, en la que se juzgó el presunto direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez durante los años en que la expresidenta ocupó el poder.
En este contexto, un nuevo capítulo se abrió esta semana: la posibilidad de otorgarle prisión domiciliaria. No obstante, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes llevaron adelante la acusación en el juicio oral, se manifestaron en contra de esta alternativa.
El rechazo fiscal
Los fiscales fueron contundentes en su postura. Consideran que los delitos por los que fue condenada revisten una gravedad institucional que exige el cumplimiento efectivo de la pena en prisión común, desestimando los argumentos que invocan cuestiones de salud o edad de la expresidenta como factores para la domiciliaria.
“Otorgar un beneficio como la prisión domiciliaria en este contexto sería contrariar la gravedad del fallo y su ejemplaridad jurídica”, fue uno de los argumentos esgrimidos por el equipo fiscal.
Contexto político y social
La decisión de Luciani y Mola se da en medio de un ambiente político tensionado. El oficialismo evalúa el impacto institucional de una posible detención efectiva de la exmandataria, mientras que sectores del kirchnerismo denuncian una persecución judicial.
Por su parte, Cristina Kirchner no se ha expresado públicamente sobre este rechazo fiscal, aunque sí lo hicieron varios referentes políticos cercanos, quienes calificaron de “disparate jurídico” la negativa a una prisión en condiciones menos restrictivas.
