El gobernador Osvaldo Jaldo ha confirmado que la Justicia investigará la venta de tierras fiscales en El Mollar y en la reserva de La Angostura. Esta decisión surge tras la denuncia penal presentada contra la persona que lucró con la venta de estas tierras.
En la Nota:
- Denuncia Penal: Se ha presentado una denuncia penal contra el responsable de la venta irregular de tierras fiscales.
- Medidas de Protección: Se tomarán medidas para garantizar el respeto a la propiedad privada y evitar usurpaciones.
- Suspensión de Ventas y Construcciones: Una jueza suspendió la venta de parcelas y las construcciones en las viviendas de la reserva de La Angostura.
- Investigación de Funcionarios: Se investigará a funcionarios y empleados estatales que podrían haber participado en la venta irregular de tierras.
Hoy o mañana a más tardar, le entra una denuncia penal a quien ha lucrado con las ventas de las tierras fiscales
Osvaldo Jaldo
El gobernador Jaldo enfatizó que se tomarán medidas serias para garantizar el respeto a la propiedad privada en toda la provincia de Tucumán. “No vamos a permitir usurpaciones”, declaró Jaldo. Además, anunció que se realizará una denuncia penal contra los responsables de la venta irregular de tierras en El Mollar.
La Fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, ha recibido instrucciones para proceder con la denuncia. “Hoy o mañana a más tardar, le entra una denuncia penal a quien ha lucrado con las ventas de las tierras fiscales”, aseguró Jaldo.
En la reserva de La Angostura, se descubrió que desde 2020 se vendieron lotes que eran tierras fiscales. Un hombre llamado Juan Pablo Castro estaba comercializando los terrenos de la reserva, supuestamente otorgados para el pastoreo de animales. La Provincia logró que una jueza suspendiera la venta de parcelas y las construcciones en las viviendas que se estaban edificando en ese lugar.
Los compradores de los terrenos presentaron documentación para demostrar que habían adquirido las parcelas de buena fe. Sin embargo, se descubrió que el proyecto inmobiliario no había sido autorizado por ninguna repartición del Estado. La Secretaría de Municipios y Comunas solo aprobó un anteproyecto, lo que no finaliza el trámite.
El delegado comunal Jorge Cruz fue filmado en una reunión explicando que Catastro y la Fiscalía de Estado decidieron hacer un relevamiento de la zona del perilago. La investigación podría involucrar a otros funcionarios y empleados estatales.
Finalmente, Jaldo reiteró que no se permitirá la construcción ni la radicación de personas en zonas de peligro o que carezcan de las factibilidades necesarias. “En esas tierras no se puede vivir, es el perilago que no se puede construir y es zona peligrosa”, concluyó.
