Un informe reciente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ha sacado a la luz preocupantes irregularidades en un contrato firmado en 2023 entre la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE). Según la documentación obtenida, la UBA cobró un total de $58.529.618 para colaborar en la auditoría interna de SOFSE, pero la SIGEN concluyó que no existen pruebas concretas de que el trabajo haya sido realizado.
Este hallazgo es parte de una decisión del Gobierno liderado por Javier Milei de examinar los gastos de la UBA a través de la SIGEN. No obstante, la Universidad argumenta que el control interno debe ser realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN), conforme a la ley de Educación Superior.
No hay evidencia concreta del trabajo específicamente realizado por la UBA según el informe de la SIGEN
El análisis de la SIGEN ha revelado varios puntos críticos:
- Falta de Evidencia de Trabajo: No se presentó un plan de trabajo ni hay evidencias de las tareas realizadas.
- Superposición de Funciones: SOFSE ya contaba con su propia Unidad de Auditoría Interna, cuestionando la necesidad de asistencia externa.
- Problemas de Transparencia: No se detallaron las personas asignadas ni sus antecedentes profesionales.
Según la SIGEN, “no hay pruebas concretas de que el trabajo haya sido realizado”, lo cual genera incertidumbre sobre la eficacia del convenio. El informe también destaca que las actividades presentadas por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en sus informes son coincidentes con el Plan de la Unidad de Auditoría Interna de SOFSE, lo que dificulta determinar qué parte del trabajo fue realizado por cada entidad.
Otra cuestión relevante es la medida cautelar presentada por la UBA para evitar la auditoría de la SIGEN sobre sus presupuestos y gastos. La Universidad sostiene que esta labor corresponde a la AGN y no a la SIGEN. Sin embargo, la SIGEN asegura tener documentos que prueban que la UBA no rindió el 89% de los fondos recibidos entre 2020 y 2022 en el marco de diferentes programas universitarios como el FUNDAR.
El informe de la SIGEN concluye que “no hay evidencia concreta del trabajo específicamente realizado por la UBA”. Esta situación plantea serias dudas sobre la transparencia y eficacia de los contratos entre la UBA y otros organismos estatales durante la gestión de Alberto Fernández.