En una jornada cargada de definiciones políticas y tensiones institucionales, el Partido Justicialista (PJ) reunió a su cúpula en la sede de la calle Matheu para ultimar los detalles de la movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, quien deberá comparecer este miércoles ante los tribunales de Comodoro Py.
El encuentro, que comenzó a las 14 horas, tuvo como ejes la organización del recorrido de la marcha, la conformación de la cabecera y la disposición del vehículo que trasladará a la exmandataria. El lema convocante será “Argentina con Cristina”, y se espera una masiva movilización desde la estación Constitución hasta el edificio judicial ubicado en el barrio porteño de Retiro.
Entre las principales preocupaciones del oficialismo figura una posible maniobra judicial para notificar por vía remota a Cristina Kirchner sobre su arresto domiciliario, lo que desactivaría la dimensión simbólica de la movilización. Sin embargo, desde el Consejo Nacional del PJ sostienen que “la Justicia no se va a perder la foto de Cristina subiendo las escaleras en tribunales”.
Presencias clave
Asistieron personalmente al encuentro los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). En tanto, Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gildo Insfrán (Formosa) participaron mediante Zoom. La CGT, encabezada por Héctor Daer, y legisladores nacionales también dijeron presente.
En contraste, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) se ausentaron, en un contexto de negociaciones bilaterales con la Casa Rosada por partidas presupuestarias. El salteño Gustavo Sáenz, alineado con La Libertad Avanza, directamente no fue invitado. La conducción partidaria incluso evalúa intervenir el PJ salteño para preservar su perfil opositor.
Contexto judicial y político
El debate jurídico gira en torno al pedido de arresto domiciliario solicitado por la defensa de Cristina Kirchner, rechazado por los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, y cuya resolución está en manos del Tribunal Oral Federal N.º 2. Además, la Procuración General de CABA pidió que, de otorgarse el beneficio, la exmandataria cumpla prisión domiciliaria fuera del ámbito porteño.
Desde el Ejecutivo, preocupan las consecuencias comunicacionales y visuales del operativo judicial. En ese marco, trascendió una instrucción informal para evitar situaciones humillantes como esposarla o colocarle una tobillera electrónica.
