El Gobierno Argentino ha tomado una medida importante al inscribir a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esta decisión se fundamenta en un informe técnico jurídico que señala la vinculación de la RAM con actos violentos, como incendios intencionales y ataques a la propiedad y a personas en la Patagonia.
La resolución 210/2025, publicada en el Boletín Oficial, considera a la RAM una amenaza para la seguridad nacional. Según el documento, la organización actúa en coordinación con otras agrupaciones y ha reivindicado públicamente hechos de violencia. Destacan las declaraciones de su líder, Facundo Jones Huala, quien habría admitido el uso de incendios como método de presión.
Entre los objetivos principales de esta medida se encuentran:
- Restringir el financiamiento de la RAM.
- Fortalecer la cooperación con organismos nacionales e internacionales en la lucha contra el terrorismo.
- Adoptar medidas urgentes para frenar el accionar del grupo y garantizar el orden público.
La inscripción de la RAM en el RePET permitirá cortar sus fuentes de financiamiento y, además, se ha establecido la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores para gestionar acciones complementarias y asegurar la efectividad de la medida. Esta acción es parte de una estrategia más amplia del gobierno para combatir el terrorismo y mejorar la seguridad del país.
La decisión del gobierno se justifica en un historial de más de una década de actividades violentas atribuidas a la RAM, incluyendo ataques a propiedades, vehículos y personas, así como un aumento significativo de incendios intencionales en regiones como Neuquén, Río Negro y Chubut. Estos actos han generado múltiples denuncias y una creciente preocupación entre la población y las autoridades locales.
La medida ha sido firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien destacó que el crimen organizado constituye una amenaza grave para el orden público y que el Estado debe adoptar respuestas urgentes y contundentes.