El Gobierno nacional ha anunciado la publicación, esta semana, de los pliegos para licitar la operación de cuatro represas hidroeléctricas estratégicas cuyos contratos de concesión vencieron en 2023. Esta iniciativa busca reactivar el proceso de adjudicación, atrayendo inversiones tanto nacionales como internacionales, en lo que se denomina la “fase 3” del plan económico. Las represas involucradas son Piedra del Águila, Alicurá, El Chocón-Arroyito y Planicie Banderita, responsables del 10% de la generación eléctrica del país. La publicación de los pliegos está prevista para el próximo 7 de mayo.
Esta medida ha generado expectativas entre empresas que ya operan en el sector, como AES, Central Puerto, Enel y Aconcagua Energía, así como en potenciales nuevos inversores, incluyendo YPF Luz, Pampa Energía, Genneia y MSU. También ha trascendido el interés de firmas internacionales como Total Energies y consorcios chinos, aunque su participación dependerá de las condiciones del concurso.
Sin embargo, fuentes del sector energético han advertido sobre cláusulas en los borradores de licitación que podrían desalentar la inversión extranjera al considerarlas poco competitivas. Una de las principales preocupaciones radica en el precio regulado para el 95% de la energía generada, fijado inicialmente en US$14 por MWh, un valor significativamente inferior al costo real de generación estimado en US$70. Además, las empresas solo podrían comercializar el 50% de la energía en el mercado libre a partir del año 11 del contrato. Otro punto crítico es que el mecanismo de actualización del precio regulado estaría atado al dólar, sin considerar la inflación estadounidense, lo que podría afectar la rentabilidad a largo plazo de las inversiones.
Las represas objeto de privatización se encuentran ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro, las cuales tienen plazo hasta este martes para revisar los términos del llamado a licitación. Estas centrales fueron administradas durante 30 años bajo concesiones que expiraron en agosto de 2023 y ahora serán adjudicadas nuevamente bajo el esquema diseñado por el decreto 718/2024.
