La ex presidenta Cristina Kirchner ha presentado un recurso de nulidad ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), exigiendo la devolución de su jubilación de privilegio, que asciende a 35 millones de pesos, junto con los intereses acumulados. Este reclamo surge después de que el gobierno de Javier Milei decidiera anular este beneficio tras la ratificación de la condena de Kirchner a seis años de prisión por corrupción en el Caso Vialidad.
Motivos del Reclamo
El abogado de Kirchner, Facundo Fernández Pastor, argumenta que la resolución de Anses viola derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y acusa al gobierno de persecución política. Según Fernández Pastor, la quita de las jubilaciones es un “error material” y un “acto de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo”. Además, Kirchner solicita la restitución de los haberes correspondientes a las asignaciones mensuales vitalicias retenidas, con los intereses acumulados hasta su efectivo pago.
Contexto Legal
La Ley N° 24.018 establece que los ex presidentes y ex vicepresidentes tienen derecho a una asignación de carácter contributivo como reconocimiento a su desempeño en el cargo. Sin embargo, el gobierno de Milei ha argumentado que estas asignaciones son incompatibles para quienes hayan cometido delitos en ejercicio de sus funciones públicas. Esta medida también ha afectado al ex vicepresidente Amado Boudou, quien actualmente cumple una pena de prisión domiciliaria por el caso Ciccone.
Reacciones y Consecuencias
El subsecretario de Prensa de Presidencia, Javier Lanari, criticó duramente el reclamo de Kirchner, calificándola de “sinvergüenza” en sus redes sociales. La defensa de Kirchner sostiene que la medida del gobierno sienta un precedente peligroso para la estabilidad jurídica de los derechos adquiridos por cualquier ciudadano argentino.
En resumen, el reclamo de Cristina Kirchner ante la Anses no solo busca la restitución de su jubilación de privilegio, sino que también pone en debate la legalidad y la justicia de las medidas adoptadas por el gobierno de Milei en relación con los beneficios de los ex funcionarios condenados por corrupción.
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