Una red de corrupción vinculada a empleados estatales en Tucumán salió a la luz tras denuncias por maniobras fraudulentas relacionadas con terrenos fiscales. El caso implica irregularidades en El Mollar y El Cadillal, con una supuesta “inmobiliaria estatal” como eje central de la operatoria ilícita.
No somos usurpadores, somos compradores de buena fe. El mismo Gobierno nos dio la posibilidad de acomodar las cosas
expresó Camila Herrera, una de las damnificadas
Los principales nombres involucrados incluyen a Rafael Trujillo, Maximiliano Barreiro, Fernando Rogel Chaler, junto a otros empleados estatales como Gustavo Lagarrigue, Pablo Zossi y Norma Silva. Estos individuos enfrentan acusaciones por delitos de usurpación, estafa y asociación ilícita. Utilizaron documentos simulados y ofrecieron regularizar terrenos a cambio de comisiones que oscilaban entre $180,000 y $240,000.
Entre las pruebas más impactantes está un video viral donde Trujillo promete constancias falsas. También se captaron imágenes de ciudadanos haciendo fila con dinero en mano, mientras los trámites, oficialmente gratuitos, eran monetizados. Un circuito paralelo de escrituraciones y falsos trámites legales dejó a decenas de familias engañadas y en riesgo de perder sus viviendas.
La Fiscalía de Estado sigue investigando más de 20,000 expedientes en busca de nuevas irregularidades, mientras que la situación legal de cientos de familias permanece incierta. El caso refleja la gravedad del tráfico ilegal de tierras y su impacto en la sociedad tucumana.
