En un reciente allanamiento, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, denunció el uso indebido de un inmueble estatal cedido a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Según el ministro, el inmueble, destinado a fines educativos, estaba siendo utilizado como un “boliche clandestino”, lo que ha generado una fuerte polémica y reacciones encontradas entre el gobierno y la universidad.
Cúneo Libarona afirmó que el objetivo del allanamiento es “ordenar y aniquilar el Estado” para mejorar la justicia y la eficiencia estatal. “La Argentina es un entramado deliberado para nombrar gente. Nos han abusado, hay que ordenar y aniquilar este Estado que debe ser eficiente”, declaró el ministro en una entrevista reciente.
La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo rechazó las acusaciones, afirmando que el inmueble nunca dejó de estar bajo la órbita del Ministerio de Justicia y que no ha sido utilizado por la comunidad académica desde 2019. La universidad también denunció ataques constantes y falta de recursos presupuestarios por parte del gobierno.
Durante el allanamiento, se encontraron evidencias de que el inmueble estaba siendo utilizado para eventos privados y actividades políticas, incluyendo la presencia de una barra con bebidas alcohólicas y carteles de propaganda política. El gobierno ordenó el desalojo del inmueble y su devolución al Estado para su posterior venta. Además, se encontraron otras irregularidades en el uso del edificio, incluyendo la presencia de organizaciones privadas y actividades no autorizadas1.
Cúneo Libarona prometió investigar y sancionar a los responsables del uso indebido del inmueble. “Ahora está en la justicia ver quiénes son los beneficiarios que hicieron uso indebido de un bien del Estado que tenía por finalidad la formación educativa”, afirmó el ministro. Además, mencionó su intención de crear un registro automotor único, digital y simple, y reducir la cantidad de registros para disminuir costos1.
La denuncia y el allanamiento se enmarcan en un contexto de tensiones políticas entre el gobierno y la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, una institución con una fuerte carga simbólica y política en Argentina. La decisión del gobierno de Javier Milei de cambiar la justicia y cuidar el patrimonio de los argentinos ha generado controversia y debate en la sociedad.
