La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, habló tras el acto de la Policía de Tucumán, donde se llevó a cabo la Jura y Nombramiento del Personal Transitorio Policial. Chahla destacó la colaboración entre el municipio y el gobierno provincial en materia de seguridad ciudadana. “Acompañamos al gobernador con las políticas públicas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, junto al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, venimos trabajando en los distintos barrios que nos piden. Logramos consensuar cuáles eran los lugares que mayores delitos tenían para ayudar a la gente que nos pedían presencia”, afirmó.
Chahla resaltó el trabajo conjunto con el ministro de Seguridad, el jefe de Policía y el gobernador, subrayando que “más de la mitad de los delitos se producen en San Miguel de Tucumán”. Además, mencionó la incorporación de 300 cámaras de seguridad para la ciudad y la importancia de la colaboración con la Justicia y el Ministerio Público Fiscal (MPF).
En relación al fraude financiero detectado en el municipio, Chahla explicó que la investigación se inició tras recibir una notificación del ministro de Economía, Daniel Abad, sobre una deuda de $500 millones por asistencias financieras reintegrables de 2020, monto que no coincidía con los registros municipales, donde solo figuraban $125 millones. “Desde lo institucional hicimos lo correcto, ahora la denuncia la tiene la Justicia”, señaló Chahla.
“Recibimos una nota del ministro de Economía, Daniel Abad, durante el año pasado solicitando un reintegro de un pago de una deuda que tenía el municipio con la provincia. El reclamo es por cierta cantidad de dinero y no había coincidencia con las cuentas nuestras, mandamos a la Justicia a que investigue”, continuó.
Chahla aclaró que la investigación no tiene motivaciones políticas. “En ese contexto tuvimos una reunión de gabinete, esto no es personal, se tratan de temas institucionales. No hay ningún tipo de chicana política, encontramos algunas inconsistencias y las mandamos a investigar”, explicó.
La administración de Rossana Chahla denunció penalmente que durante la gestión de Germán Alfaro, no se asentaron en los registros oficiales $500 millones, que en 2020 equivalían a unos U$S4 millones.