El sistema judicial de Tucumán atraviesa una situación crítica debido a la acumulación de vacantes, alcanzando la cifra de 70 cargos sin cubrir. A esta problemática se suma la parálisis en los nombramientos, ya que desde el 10 de abril de 2024 no asume ningún nuevo juez, fiscal o defensor en la provincia. Actualmente, existen 42 ternas de postulantes elevadas al Poder Ejecutivo que aún no han recibido definición.
El proceso para cubrir estas vacantes se inicia en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), que organiza los concursos y eleva una terna de candidatos al Poder Ejecutivo. El gobernador debe seleccionar a uno de ellos y remitir su nombre a la Legislatura para su aprobación, culminando con el juramento del nuevo funcionario. Sin embargo, este procedimiento se encuentra estancado desde hace más de un año.
Durante los primeros meses de su gestión, el gobernador Osvaldo Jaldo impulsó la cobertura de 41 cargos pendientes de la administración anterior de Juan Manzur. No obstante, desde marzo de 2024 no se han registrado avances en esta materia.
La falta de designaciones no solo afecta la eficiencia del sistema judicial, sino que también genera tensiones institucionales. En una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Tucumán, Daniel Leiva, el gobernador Jaldo reconoció la urgencia de cubrir las vacantes, especialmente en juzgados de familia de Monteros y del centro judicial de Concepción. Sin embargo, casi tres meses después de ese encuentro, ninguna designación ha sido enviada a la Legislatura.
Uno de los principales obstáculos para avanzar en los nombramientos es de índole económica. Fuentes del Ejecutivo señalan que, en un contexto de ajuste y control del gasto público, cubrir los 42 cargos pendientes implicaría una erogación significativa no prevista. El entorno del gobernador Jaldo ha indicado que este tema “no es una prioridad” en este momento.
El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, había prometido en 2023 que la situación se normalizaría con el envío de pliegos a la Legislatura, pero esta promesa tampoco se cumplió. Todo indica que el tratamiento de estas ternas quedará supeditado a decisiones políticas posteriores a las elecciones.
Además de los cargos en tribunales ordinarios, la situación de los Juzgados de Paz también genera preocupación. En la reunión de enero entre Jaldo y Leiva, se abordó la falta de jueces en el interior provincial. Tucumán cuenta con 69 Juzgados de Paz, de los cuales 24 son letrados y 45 legos, estructuras clave para garantizar el acceso a la Justicia en zonas rurales. La falta de cobertura en estos juzgados impacta directamente en los derechos de las comunidades del interior.
A pesar de los diagnósticos compartidos y las promesas, no ha habido nuevas reuniones con la Corte Suprema ni avances concretos. La parálisis en la designación de funcionarios judiciales refleja una combinación de prioridades económicas y falta de voluntad política que continúa agravando el funcionamiento del sistema judicial tucumano.
