El Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2), presidido por el juez Jorge Gorini, resolvió concederle el beneficio de prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner, quien deberá cumplir su condena de seis años en su domicilio en el barrio de Constitución, usando una tobillera electrónica.
Esta decisión judicial se produce tras el fallo de la Corte Suprema, que dejó firme la condena por la causa Vialidad, vinculada al desvío de fondos públicos durante su gestión.
La medida fue adoptada en contradicción con el dictamen de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían solicitado que la expresidenta cumpliera su pena en una cárcel común.
Argumentos fiscales rechazados
Los fiscales del caso afirmaron que:
- Cristina Kirchner no presenta condiciones de salud que justifiquen una medida excepcional.
- No se observan razones personales o humanitarias que hagan incompatible su alojamiento en prisión.
- El artículo 10 del Código Penal establece que los jueces pueden, pero no están obligados, a conceder el beneficio por razones de edad.
- La defensa no acreditó que el cumplimiento de la condena en un penal común represente un riesgo a su integridad física.
Además, objetaron que su custodia personal garantice el arresto domiciliario, ya que no cuenta con capacitación penitenciaria, como lo exige este tipo de detención.
Evaluación judicial y entorno político
A pesar de los fundamentos del Ministerio Público, el tribunal ordenó un informe socioambiental, que resultó favorable al cumplimiento de la condena en el domicilio de la calle San José. La medida busca también evitar su participación en la movilización convocada por el kirchnerismo en las puertas de Comodoro Py.
La notificación fue realizada a través de su abogado, Alberto Beraldi, y de la comisaría de su barrio, para reducir su exposición pública durante una jornada de alta tensión política.