El presidente Javier Milei, junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, firmó un decreto que marca un hito en la política laboral y empresarial de Argentina. Este decreto, publicado en el Boletín Oficial, elimina la obligatoriedad de los aportes compulsivos que las empresas debían realizar a las cámaras patronales, transformándolos en voluntarios.
Contexto histórico
Anteriormente, las cámaras patronales basaban esta práctica en una “interpretación exagerada” de la Ley 14.250, sancionada en 1953 y reformada en 2004. Según esta interpretación, los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) permitían exigir contribuciones obligatorias a todas las compañías del sector, sin importar si eran miembros de las cámaras o no.
“No puede imponerse el cobro de contribuciones obligatorias en favor de las cámaras o grupos de empleadores a las compañías no asociadas ni agrupadas en ellas”, destaca el texto oficial del decreto.
Impacto inmediato
En el sector mercantil, por ejemplo:
- Se recaudaban hasta $6.000 millones mensuales para “actividades de capacitación”.
- Las contribuciones representaban un 0,5% del salario de cada trabajador, afectando a 1,2 millones de empleados.
- Entidades como la Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) gestionaban estos aportes.
Este esquema también afectaba otros sectores, como el metalúrgico, donde la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) exigía un aporte equivalente al 1% de la masa salarial, lo que generaba conflictos legales y demandas judiciales.
Respuesta del Gobierno
El Ejecutivo anunció que no homologará negociaciones colectivas que incluyan cláusulas para continuar con aportes obligatorios. Además, la medida responde a solicitudes de numerosas entidades gremiales empresarias, como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam).
