El Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó el envío al Congreso de un proyecto de ley clave destinado a modificar la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal. Esta iniciativa busca “blindar” el uso de los dólares del colchón, es decir, los ahorros no declarados que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero.
Francos reveló este jueves que el proyecto fue firmado con el presidente y enviado al Congreso por el sistema electrónico el miércoles por la noche. El objetivo es que “la gente que realiza gastos con ahorros propios no quede sometida a ninguna de las legislaciones anteriores que lo penaban”.
Aunque la iniciativa aún no había ingresado formalmente a la Cámara de Diputados al momento de la difusión de la información, el jefe de Gabinete adelantó que la medida busca modificar los montos de aplicación de la Ley Penal Tributaria, es decir, el umbral a partir del cual la evasión tributaria se considera delito, que actualmente está en $1,5 millones.
Esta propuesta se enmarca en una serie de medidas de desburocratización y flexibilización de controles fiscales que el Ejecutivo ha implementado. Entre las primeras acciones, se derogaron varios regímenes informativos obligatorios, como los reportes de consumos con tarjetas y billeteras virtuales, así como el “Citi de los escribanos”, que exigía informar sobre operaciones notariales. También dejaron de estar vigentes los reportes por compraventa de vehículos usados, pagos de expensas desde $32.000, publicaciones de venta de inmuebles y consumos de servicios públicos esenciales (electricidad, agua, gas y telefonía).
Adicionalmente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prohibió a los bancos requerir la declaración jurada de impuestos nacionales como condición para operar y modificó los umbrales de operaciones bancarias mensuales. A partir de estas nuevas disposiciones, las personas físicas podrán mover hasta $50 millones por mes sin tener que brindar explicaciones sobre el origen de esos fondos, mientras que para las personas jurídicas el monto es de $30 millones.
El Gobierno también implementó un nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, cuyo objetivo es que los ciudadanos deban dar cuenta únicamente de su facturación y los gastos deducibles, excluyendo sus consumos personales y la variación patrimonial.
Para asegurar el éxito del proyecto en el Congreso y evitar que las provincias implementen sus propios mecanismos de control sobre los ahorros sin declarar, el Gobierno ha invitado a todos los gobernadores a firmar su adhesión al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias y les ha solicitado su apoyo en el Palacio Legislativo.
Hasta el momento, han brindado su apoyo a la medida las provincias de Catamarca, Tucumán, Entre Ríos, Chubut, Río Negro, Neuquén, San Juan, Salta, Chaco, San Luis, Misiones, Jujuy y Corrientes. Por otro lado, aún no han ratificado su compromiso Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, La Pampa, La Rioja y la Ciudad de Buenos Aires.
Desde ARCA, se ha advertido a los gobernadores que aquellas jurisdicciones que no acompañen el accionar del Ejecutivo perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como a la relativa a los consumos que superen los umbrales fijados por la agencia recaudatoria ($50.000.000 para personas físicas).
