En el marco del plan de reducción del Estado impulsado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció esta semana una medida estratégica que reconfigura el mapa institucional: la centralización del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).
Esta decisión representa una victoria política para Caputo en su disputa interna con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien pretendía una reestructuración más agresiva de entes descentralizados. Ambos organismos, con autonomía operativa y financiera, figuraban entre los objetivos del programa de ajuste, pero la conducción económica logró adelantarse y consolidar su autoridad sobre ellos.
Los cambios clave anunciados:
- El INTA será transferido al área de Producción, bajo órbita del Ministerio de Economía.
- El INTI será degradado a dirección o subdirección dentro de la Secretaría de Industria y Comercio.
- Se eliminarán estructuras administrativas duplicadas (como contabilidad o compras), delegándolas a áreas centrales.
Con esto, el Gobierno busca reducir costos operativos, fortalecer el control presupuestario y aumentar la centralización del poder sobre dos entes considerados clave para la política productiva.
¿Qué se pierde y qué se gana?
Los gremios temen una nueva ola de despidos masivos, especialmente en julio, cuando vencen contratos. El INTA cuenta con 6.400 empleados y 450 sedes en todo el país. El INTI tiene 2.377 empleados y un presupuesto de $85.600 millones, de los cuales el 72% se destina a salarios.
Para el INTA, la situación es aún más compleja: tiene un presupuesto de $244.000 millones, aunque fuentes oficiales estiman que podría alcanzar los $400.000 millones. Su financiamiento proviene de derechos de importación y tasa estadística, fondos que ahora podrían ser redireccionados al Tesoro gracias a las facultades delegadas otorgadas a Milei por el Congreso.
Reconfiguración del poder institucional
Uno de los aspectos más controversiales es el intento de modificar la representación en el Consejo Directivo del INTA, actualmente compuesto por mayoría del sector público-privado. El plan oficial propone eliminar una silla del agro y sumarla al Ejecutivo, con el fin de garantizar mayoría gubernamental ante un posible empate.
“El Gobierno quiere romper con todo. Pueden gestionar el instituto, pero sin tener poder de decisión con la plata”, deslizó un funcionario económico.